El médico no debe matar a sus pacientes

 

¿Podría morirse, por favor?

Los discapacitados como yo tienen buenas razones para temer que les obliguen al Suicidio Asistido.

Por: Evan J. Kemp Jr. Domingo, The Washington Post, 5 de enero de 1997


El próximo 8 de enero, la Corte Suprema atenderá a los argumentos orales de la disputa entre Glucksberg contra el Estado de Washington y Vacco contra Quill. El tema es si los "enfermos terminales" poseen un inherente "derecho a morir". Y, si así fuera, ¿podría un médico colegiado asumir el derecho legal de asistir al paciente en el suicidio?

Mientras el caso se discuta dentro de la Corte, habrá miles de personas en vigilia, y yo las acompañaré. Alguien podría preguntarse, ¿por qué un republicano conservador, que fue miembro de la comisión para la igualdad de oportunidades en el empleo en la administración de Bush, se une a los demócratas de Clinton, a los representantes de la Iglesia Católica, judíos ortodoxos, a los que promueven los derechos civiles, y a un gran conglomerado de minusválidos y ancianos en una ruidosa manifestación? La respuesta es sencilla: no creo que los doctores deban matar a sus pacientes.

Debo adevertir desde el principio que los que promueven el derecho a morir tienen una cierta lógica argumental. Estoy de acuerdo en que cada individuo tiene el derecho a controlar su vida, pero desfortunadamente esta lógica no toma en consideración las consecuencias de hacer costumbre que los médicos asistan en el suicidio, y dejan de ver un punto más básico: en esta época en que los costos de salud crecen de un modo exponencial, creo que el derecho a morir es una opción que de modo inevitable se transformará en un medio para controlar los costos médicos. De hecho, ya hemos comenzado a dar los primeros pasos descendentes en esta pendiente terrible y resbalosa.

 

 

El "DNR": en la práctica es una puerta abierta a la eutanasia

 


Hoy en día, un paciente que va a un hospital recibe de modo rutinario la opción de firmar un documento que pide que a uno no le resuciten si hay complicaciones. Es el "DNR". Con esta orden el paciente pide que no se le apliquen medidas heroicas, como la resucitación cardio pulmonar para mantenerle vivo. El consentimiento de estas órdenes se supone que es voluntario. Sin embargo, en la práctica, esto no ha sido así en muchas ocasiones. Hay minusválidos que informan circunstancias en las que en los hospitales se les ha presionado -especialmente quienes tienen minusvalías, no tienen seguros, o están muy enfermos-; les han obligado a firmar órdenes pidiendo no ser resucitados.

En algunos casos, este DNR no se explica correctamente: el paciente, sus familiares, o sus representantes no están adecuadamente informados sobre la naturaleza de esta orden y en especial del hecho de que esto debe ser algo voluntario. El DNR se incluye muchas veces como documento rutinario a firmarse junto con otros, toda vez que uno ingresa a un hospital. Por lo tanto, no se puede considerar que este sea en verdad un consentimiento informado.

 

 

Cosas que han pasado: en lo que se acaban convirtiendo estos documentos


Joe Ehman, un reportero de Rochester, New York, que anda en silla de ruedas, me dijo que él ha sido "literalmente sometido a una jauría de trabajadores sociales para que firmara el DNR cuando fue hospitalizado en 1995 para una operación en la espalda. Pocas horas después de la operación, aún delirante por la anestesia y por la morfina post-operatoria y el demerol, aún tuve que oir a otro trabajador social que quería forzarme a firmar el DNR. Junté todas mis fuerzas y grité '¡tengo treinta años y no quiero morir!'".

Maria Matzik, una mujer de unos treinta años, que vive y trabaja en Dayton, Ohio, dice que tuvo una batalla terrible con enfermeras durante su estancia hospitalaria de 1993. "Estuvieron diciéndome que firmara una orden DNR" me dijo. "Ya que no la firmaría, dijeron que de todas formas no importaba, pues uso un respirador, con lo cual me dijeron que no se haría nada si sufría un paro cardíaco. Matzik huyó de esta tragedia, pero otros no pudieron hacerlo.

Marjorie Nighbert, una mujer de 76 años, de Florida, fue hospitalizada en 1996, luego de un derrame cerebral. Antes de ser ingresada en el hospital, firmó una indicacion en el sentido de que no se le aplicaran "medidas heroicas" para salvar su vida. Basados en tal orden, y bajo la petición de su familia, el hospital rechazó las peticiones de comida y agua de Nighbert, de acuerdo con reportes del Daily News del noroeste de Florida. Un "comité ético hospitalario", -prontamente convocado- dictaminó que ella "no estaba médicamente competente para solicitar tratamiento". Hasta su muerte, diez días después, Nighbert fue atada a su cama para evitar que pudiera alcanzar las bandejas de los demás pacientes.

 

 

Algunos pacientes son más baratos muertos que vivos


El punto principal es que, en el momento de evaluar el derecho a morir no se debe ignorar la importancia fundamental que juega el dinero. En la decisión de la Corte en la disputa de Glucksberg contra el Estado de Washington, el juez federal Stephen Reinhardt quiso mostrarse firme ante las presiones económicas relacionadas con decisiones de vida y muerte. "En una sociedad en la que los costos de atención médica pueden ser tan grandes, pensamos que no es inapropiado que los paciente adultos con enfermedades terminales y mentalmente competentes puedan tomar en consideración el bienestar económico de sus familias y seres queridos. Sin embargo, a la hora de usar dinero en la atención médica, las familias y los seres queridos muchas veces no están en la posición de tomar las decisiones. Las compañías de seguros, los hospitales, los asilos de ancianos y otras organizaciones como las HMO son las que están en esa posición, y ellas prefirirían que el sucio secreto del dinero escondido se pusiera fuera del debate público con respecto al suicidio asistido. Porque, a fin de cuentas, es más fácil justificar sus acciones en base a principios humanitarios que en base al propio interés financiero; y una vez que el suicidio asistido por médicos sea sancionado por ley, nuestras instituciones para la salud podrán desarrollar mecanismos contractuales para asegurar que los miembros de algunos grupos mueran de modo eficiente tan pronto como sea posible. Y todo esto será justificado por el sacrosanto argumento de los grupos que favorecen el derecho a la muerte: la libertad de elección ("choice"). Pero las leyes económicas virtualmente garantizan que, en la práctica, aquellos que "elijan" el suicidio asistido provendrán, de manera desproporcionada, de aquellos que se encuentran en el nivel más bajo de la escala socioeconómica: gente sin seguro sanitario, así como aquellos que viven con una "baja calidad de vida", esto es, los minusválidos.

 

 

Seamos realistas: tolerar el suicidio asistido es sólo el primer paso


Como dijo el ex Secretario de Salud, C. Everett Koop, en una conferencia de prensa en Washington en noviembre, "tolerar el suicidio asistido médicamente, puede llevarnos a la aceptación de la eutanasia involuntaria".

Koop recientemente aceptó participar en la protesta de los miércoles en las escalinatas de la Corte Suprema, diciendo que estaba "muy contento de tener esta oportunidad de solidarizarse con la comunidad de minusválidos, la cual está amenazada por el suicidio médicamente asisitido".

Como minusválido, soy especialmente sensible a las decisiones que están respaldadas por la llamada "calidad de vida". Se trata de un argumento frecuentemente utilizado para poder tomar decisiones. En los últimos 47 años, he vivido con una enfermedad neuromuscular progresiva, que comenzó a manifestarse cuando contaba 12. Mi enfermedad, el síndrome Kugelburg Weylander, no tiene cura conocida, y no tengo esperanzas de "recuperarme".

Con el diagnóstico, mis padres fueron informados por los médicos de que me quedaban un par de años de vida. Luego, otro grupo de médicos estaba seguro de que sólo llegaría a los 18 años. Sin embargo, aquí estoy, a los 59, y sigo teniendo una extraordinaria calidad de vida.

Y mi caso no tiene por qué ser el único. La mayoría de las familias que he encontrado en mi vida, y que han estado suficientemente cerca como para compartir detalles de su vida familiar, han tenido por lo menos un miembro que desafió los límites impuestos por los médicos viviendo mucho más y con una vida más productiva de lo esperado. ¿Hemos de permitir que estas personas mueran antes de tiempo a manos de los médicos, por los límites que les establezcan, dadas sus minusvalías? Me parece que no.

 

 

Para ahorrar gastos


Si la Corte Suprema decide despenalizar el suicidio médicamente asistido, la siguiente pregunta que sale a colación será la manera de pagar tales servicios. Si los servicios de suicidio, bautizados como "obitriatría" por el Dr. Jack Kevorkian (el "doctor muerte", promotor de la eutanasia en USA), se convierten en algo con lo cual se pueda pasar factura, serían algo magnífico para reducir los gastos médicos de la nación. Las organizaciones para el mantenimiento de la salud (HMO) pueden ver estos costes de obitriatría como costos muy efectivos, puesto que tal práctica no necesita ni de consultas a especialistas, ni repetidas visitas a los despachos de los médicos.

Hablando en términos de las organizaciones para el mantenimiento de la salud, a la fracción de dólar destinada al cuidado médico se le llama "índice de pérdida médica". Las compañías de seguros y las organizaciones para el cuidado de la salud podrían cortar tal índice proveyendo el suicidio asistido en lugar de operaciones de by-pass y cosas por el estilo. Después de todo, muchas personas son más baratas muertas que vivas.

La Asociación Médica Americana ha reafirmado un par de veces su oposición al suicidio asistido médicamente y recientemente ha entablado una demanda ante la Corte Suprema. La AMA quiere que los médicos sigan siendo personas que curan, y no asesinos en potencia, aún por motivos de misericordia.

 

 

Como en el "Tercer Reich"


Las experiencias de la Alemania Nazi son relevantes aquí, no porque los abogados del suicidio asisitido sean fascistas incipientes (no lo son) sino por el hecho histórico de que el Holocausto comenzó con la eliminación sistemática de alemanes minusválidos. Como hizo notar Hugh Gregory Gallagher en su libro de 1990 "La confianza traicionada: Médicos y pacientes y la licencia para matar en el Tercer Reich", la orden de Adolfo Hitler de septiembre de 1939 convocaba a médicos para que atiendan las matanzas de ciudadanos con enfermedades y minusvalías. Los propagandistas Nazis, dirigidos por un pequeño número de médicos decían que tales ciudadanos eran "personas inútiles con capacidad de consumo" y que "su vida no era digna de ser vivida". Hoy, los planificadores de la salud de USA, a pesar de estar motivados por una ideología bastante diferente, también utilizan un lenguaje deshumanizador acerca de los "consumidores de los servicios de salud" y de la dudosa "calidad de vida" de nuestros ciudadanos con enfermedades y minusvalías.

Desde mi punto de vista, no se puede negar que, dando al suicidio médicamente asistido el apoyo de la ley, llegaremos a una serie de consecuencias no queridas que de lejos superarán cualquier otro beneficio deseado. Como lo hace notar Koop, "La Sociedad no debe permitir que los médicos sean asesinos y, al mismo tiempo, personas que sanan".

 

 

De legalizar la eutanasia voluntaria, hay sólo un paso para consentir en el "juicio sustitutivo"...


Declarar constitucional el derecho al suicidio asistido médicamente significaría imponer en la nación un rechazo a una serie de leyes locales. Tal declaración inclusive usurparía los derechos de los estados a regular y mejorar la práctica de la medicina, puesto que el suicidio asistido médicamente va directamente en contra con las leyes estatales que gobiernan la profesión médica. Por último, los razonamientos bajo los cuales se nos pide que demos lugar a este derecho no muestran adecuadamente que el suicidio asistido médicamente constituye una categoría única. Si este suicidio aplicado a personas adultas, mentalmente competentes y enfermos terminales, se convierte en un derecho constitucional, la eutanasia voluntaria para pacientes más débiles, incapaces de la expresar su voluntad será lo siguiente. Luego de la eutanasia voluntaria, hay tan sólo un pequeño paso para determinar el "juicio sustitutivo", o los análisis de "los mejores intereses" adecuados para los enfermos terminales que no hayan sido capaces de expresar su deseo constitucional para solicitar que sean despachados de este mundo. Este es el paso seguro e inevitable, como lo ha demostrado ampliamente la experiencia holandesa. No es un camino por el que me gustaría andar.

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