El médico no debe matar a sus pacientes
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¿Podría morirse, por favor?
Los discapacitados como yo tienen buenas razones
para temer que les obliguen al Suicidio Asistido.
Por: Evan J. Kemp Jr. Domingo, The Washington
Post, 5 de enero de 1997
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El próximo 8 de enero, la Corte Suprema atenderá
a los argumentos orales de la disputa entre Glucksberg contra el Estado
de Washington y Vacco contra Quill. El tema es si los "enfermos terminales"
poseen un inherente "derecho a morir". Y, si así fuera, ¿podría
un médico colegiado asumir el derecho legal de asistir al paciente
en el suicidio?
Mientras el caso se discuta dentro de la Corte, habrá
miles de personas en vigilia, y yo las acompañaré. Alguien
podría preguntarse, ¿por qué un republicano conservador,
que fue miembro de la comisión para la igualdad de oportunidades
en el empleo en la administración de Bush, se une a los demócratas
de Clinton, a los representantes de la Iglesia Católica, judíos
ortodoxos, a los que promueven los derechos civiles, y a un gran conglomerado
de minusválidos y ancianos en una ruidosa manifestación?
La respuesta es sencilla: no creo que los doctores deban matar a sus
pacientes.
Debo adevertir desde el principio que los que promueven
el derecho a morir tienen una cierta lógica argumental. Estoy
de acuerdo en que cada individuo tiene el derecho a controlar su vida,
pero desfortunadamente esta lógica no toma en consideración
las consecuencias de hacer costumbre que los médicos asistan
en el suicidio, y dejan de ver un punto más básico: en
esta época en que los costos de salud crecen de un modo exponencial,
creo que el derecho a morir es una opción que de modo inevitable
se transformará en un medio para controlar los costos médicos.
De hecho, ya hemos comenzado a dar los primeros pasos descendentes en
esta pendiente terrible y resbalosa.
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El "DNR": en la práctica es una puerta abierta
a la eutanasia
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Hoy en día, un paciente que va a un hospital recibe de modo rutinario
la opción de firmar un documento que pide que a uno no le resuciten
si hay complicaciones. Es el "DNR". Con esta orden el paciente pide
que no se le apliquen medidas heroicas, como la resucitación
cardio pulmonar para mantenerle vivo. El consentimiento de estas órdenes
se supone que es voluntario. Sin embargo, en la práctica, esto
no ha sido así en muchas ocasiones. Hay minusválidos que
informan circunstancias en las que en los hospitales se les ha presionado
-especialmente quienes tienen minusvalías, no tienen seguros,
o están muy enfermos-; les han obligado a firmar órdenes
pidiendo no ser resucitados.
En algunos casos, este DNR no se explica correctamente:
el paciente, sus familiares, o sus representantes no están adecuadamente
informados sobre la naturaleza de esta orden y en especial del hecho
de que esto debe ser algo voluntario. El DNR se incluye muchas veces
como documento rutinario a firmarse junto con otros, toda vez que uno
ingresa a un hospital. Por lo tanto, no se puede considerar que este
sea en verdad un consentimiento informado.
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Cosas que han pasado: en lo que se acaban convirtiendo
estos documentos
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Joe Ehman, un reportero de Rochester, New York, que anda en silla de
ruedas, me dijo que él ha sido "literalmente sometido a una jauría
de trabajadores sociales para que firmara el DNR cuando fue hospitalizado
en 1995 para una operación en la espalda. Pocas horas después
de la operación, aún delirante por la anestesia y por
la morfina post-operatoria y el demerol, aún tuve que oir a otro
trabajador social que quería forzarme a firmar el DNR. Junté
todas mis fuerzas y grité '¡tengo treinta años y
no quiero morir!'".
Maria Matzik, una mujer de unos treinta años,
que vive y trabaja en Dayton, Ohio, dice que tuvo una batalla terrible
con enfermeras durante su estancia hospitalaria de 1993. "Estuvieron
diciéndome que firmara una orden DNR" me dijo. "Ya que no la
firmaría, dijeron que de todas formas no importaba, pues uso
un respirador, con lo cual me dijeron que no se haría nada si
sufría un paro cardíaco. Matzik huyó de esta tragedia,
pero otros no pudieron hacerlo.
Marjorie Nighbert, una mujer de 76 años, de Florida,
fue hospitalizada en 1996, luego de un derrame cerebral. Antes de ser
ingresada en el hospital, firmó una indicacion en el sentido
de que no se le aplicaran "medidas heroicas" para salvar su vida. Basados
en tal orden, y bajo la petición de su familia, el hospital rechazó
las peticiones de comida y agua de Nighbert, de acuerdo con reportes
del Daily News del noroeste de Florida. Un "comité ético
hospitalario", -prontamente convocado- dictaminó que ella "no
estaba médicamente competente para solicitar tratamiento". Hasta
su muerte, diez días después, Nighbert fue atada a su
cama para evitar que pudiera alcanzar las bandejas de los demás
pacientes.
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Algunos pacientes son más baratos muertos que
vivos
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El punto principal es que, en el momento de evaluar el derecho a morir
no se debe ignorar la importancia fundamental que juega el dinero. En
la decisión de la Corte en la disputa de Glucksberg contra el
Estado de Washington, el juez federal Stephen Reinhardt quiso mostrarse
firme ante las presiones económicas relacionadas con decisiones
de vida y muerte. "En una sociedad en la que los costos de atención
médica pueden ser tan grandes, pensamos que no es inapropiado
que los paciente adultos con enfermedades terminales y mentalmente competentes
puedan tomar en consideración el bienestar económico de
sus familias y seres queridos. Sin embargo, a la hora de usar dinero
en la atención médica, las familias y los seres queridos
muchas veces no están en la posición de tomar las decisiones.
Las compañías de seguros, los hospitales, los asilos de
ancianos y otras organizaciones como las HMO son las que están
en esa posición, y ellas prefirirían que el sucio secreto
del dinero escondido se pusiera fuera del debate público con
respecto al suicidio asistido. Porque, a fin de cuentas, es más
fácil justificar sus acciones en base a principios humanitarios
que en base al propio interés financiero; y una vez que el suicidio
asistido por médicos sea sancionado por ley, nuestras instituciones
para la salud podrán desarrollar mecanismos contractuales para
asegurar que los miembros de algunos grupos mueran de modo eficiente
tan pronto como sea posible. Y todo esto será justificado por
el sacrosanto argumento de los grupos que favorecen el derecho a la
muerte: la libertad de elección ("choice"). Pero las leyes económicas
virtualmente garantizan que, en la práctica, aquellos que "elijan"
el suicidio asistido provendrán, de manera desproporcionada,
de aquellos que se encuentran en el nivel más bajo de la escala
socioeconómica: gente sin seguro sanitario, así como aquellos
que viven con una "baja calidad de vida", esto es, los minusválidos.
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Seamos realistas: tolerar el suicidio asistido es sólo
el primer paso
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Como dijo el ex Secretario de Salud, C. Everett Koop, en una conferencia
de prensa en Washington en noviembre, "tolerar el suicidio asistido
médicamente, puede llevarnos a la aceptación de la eutanasia
involuntaria".
Koop recientemente aceptó participar en la protesta
de los miércoles en las escalinatas de la Corte Suprema, diciendo
que estaba "muy contento de tener esta oportunidad de solidarizarse
con la comunidad de minusválidos, la cual está amenazada
por el suicidio médicamente asisitido".
Como minusválido, soy especialmente sensible
a las decisiones que están respaldadas por la llamada "calidad
de vida". Se trata de un argumento frecuentemente utilizado para poder
tomar decisiones. En los últimos 47 años, he vivido con
una enfermedad neuromuscular progresiva, que comenzó a manifestarse
cuando contaba 12. Mi enfermedad, el síndrome Kugelburg Weylander,
no tiene cura conocida, y no tengo esperanzas de "recuperarme".
Con el diagnóstico, mis padres fueron informados
por los médicos de que me quedaban un par de años de vida.
Luego, otro grupo de médicos estaba seguro de que sólo
llegaría a los 18 años. Sin embargo, aquí estoy,
a los 59, y sigo teniendo una extraordinaria calidad de vida.
Y mi caso no tiene por qué ser el único.
La mayoría de las familias que he encontrado en mi vida, y que
han estado suficientemente cerca como para compartir detalles de su
vida familiar, han tenido por lo menos un miembro que desafió
los límites impuestos por los médicos viviendo mucho más
y con una vida más productiva de lo esperado. ¿Hemos de
permitir que estas personas mueran antes de tiempo a manos de los médicos,
por los límites que les establezcan, dadas sus minusvalías?
Me parece que no.
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Para ahorrar gastos
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Si la Corte Suprema decide despenalizar el suicidio médicamente
asistido, la siguiente pregunta que sale a colación será
la manera de pagar tales servicios. Si los servicios de suicidio, bautizados
como "obitriatría" por el Dr. Jack Kevorkian (el "doctor muerte",
promotor de la eutanasia en USA), se convierten en algo con lo cual
se pueda pasar factura, serían algo magnífico para reducir
los gastos médicos de la nación. Las organizaciones para
el mantenimiento de la salud (HMO) pueden ver estos costes de obitriatría
como costos muy efectivos, puesto que tal práctica no necesita
ni de consultas a especialistas, ni repetidas visitas a los despachos
de los médicos.
Hablando en términos de las organizaciones para
el mantenimiento de la salud, a la fracción de dólar destinada
al cuidado médico se le llama "índice de pérdida
médica". Las compañías de seguros y las organizaciones
para el cuidado de la salud podrían cortar tal índice
proveyendo el suicidio asistido en lugar de operaciones de by-pass y
cosas por el estilo. Después de todo, muchas personas son más
baratas muertas que vivas.
La Asociación Médica Americana ha reafirmado
un par de veces su oposición al suicidio asistido médicamente
y recientemente ha entablado una demanda ante la Corte Suprema. La AMA
quiere que los médicos sigan siendo personas que curan, y no
asesinos en potencia, aún por motivos de misericordia.
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Como en el "Tercer Reich"
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Las experiencias de la Alemania Nazi son relevantes aquí, no
porque los abogados del suicidio asisitido sean fascistas incipientes
(no lo son) sino por el hecho histórico de que el Holocausto
comenzó con la eliminación sistemática de alemanes
minusválidos. Como hizo notar Hugh Gregory Gallagher en su libro
de 1990 "La confianza traicionada: Médicos y pacientes y la licencia
para matar en el Tercer Reich", la orden de Adolfo Hitler de septiembre
de 1939 convocaba a médicos para que atiendan las matanzas de
ciudadanos con enfermedades y minusvalías. Los propagandistas
Nazis, dirigidos por un pequeño número de médicos
decían que tales ciudadanos eran "personas inútiles con
capacidad de consumo" y que "su vida no era digna de ser vivida". Hoy,
los planificadores de la salud de USA, a pesar de estar motivados por
una ideología bastante diferente, también utilizan un
lenguaje deshumanizador acerca de los "consumidores de los servicios
de salud" y de la dudosa "calidad de vida" de nuestros ciudadanos con
enfermedades y minusvalías.
Desde mi punto de vista, no se puede negar que, dando
al suicidio médicamente asistido el apoyo de la ley, llegaremos
a una serie de consecuencias no queridas que de lejos superarán
cualquier otro beneficio deseado. Como lo hace notar Koop, "La Sociedad
no debe permitir que los médicos sean asesinos y, al mismo tiempo,
personas que sanan".
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De legalizar la eutanasia voluntaria, hay sólo
un paso para consentir en el "juicio sustitutivo"...
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Declarar constitucional el derecho al suicidio asistido médicamente
significaría imponer en la nación un rechazo a una serie
de leyes locales. Tal declaración inclusive usurparía
los derechos de los estados a regular y mejorar la práctica de
la medicina, puesto que el suicidio asistido médicamente va directamente
en contra con las leyes estatales que gobiernan la profesión
médica. Por último, los razonamientos bajo los cuales
se nos pide que demos lugar a este derecho no muestran adecuadamente
que el suicidio asistido médicamente constituye una categoría
única. Si este suicidio aplicado a personas adultas, mentalmente
competentes y enfermos terminales, se convierte en un derecho constitucional,
la eutanasia voluntaria para pacientes más débiles, incapaces
de la expresar su voluntad será lo siguiente. Luego de la eutanasia
voluntaria, hay tan sólo un pequeño paso para determinar
el "juicio sustitutivo", o los análisis de "los mejores intereses"
adecuados para los enfermos terminales que no hayan sido capaces de
expresar su deseo constitucional para solicitar que sean despachados
de este mundo. Este es el paso seguro e inevitable, como lo ha demostrado
ampliamente la experiencia holandesa. No es un camino por el que me
gustaría andar.
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