27.II.98 ABC, Madrid. Santiago Martín

Los lesionados medulares denuncian la manipulación

El Episcopado español hizo público ayer un documento sobre la eutanasia. La oportunidad del mismo estaba motivada por el auge de sus partidarios tras la muerte del tetrapléjico Ramón Sampedro. Para los obispos, se está usando este caso, «extremo y raro» para abrir una brecha a favor de la eutanasia, haciéndolo pasar «por normal y común». Monseñor Sánchez, que presentó el texto, pidió ayudas fiscales para las familias afectadas.

El documento presentado ayer por monseñor Sánchez en nombre de la Conferencia Episcopal no hablaba sólo del caso del tetrapléjico Ramón Sampedro, pero no cabe duda de que éste fue el motivo que provocó la aparición de la declaración. Así lo avalaba además la presencia entre los conferenciantes de Alberto de Pinto, inválido a consecuencia de un accidente y actual presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Lesionados Medulares y Grandes Minusválidos.

Fue precisamente Alberto de Pinto el que afrontó directamente lo ocurrido con Sampedro: «Lo hemos lamentado particularmente -afirmó-, no sólo por su final sino también por la manipulación de que ha sido objeto por asociaciones que están a favor de la eutanasia. Nosotros queremos manifestar en primer lugar que lo que ha ocurrido con Ramón Sampedro ha sido un suicidio asistido. Queriendo comprender las situaciones personales, sin juzgarlas, hay que señalar que la mayoría de los miembros de nuestra Federación no está de acuerdo con la eutanasia. Además, Ramón Sampedro podía haber acabado con su vida por sus propios medios, sin tener que pedir ayuda a nadie. Tetrapléjicos en peor estado que él están en este momento amando la vida. En el momento del accidente se suele padecer una depresión, en la que se desea la muerte, pero si el enfermo recibe ayuda, sale adelante».

Ayudas fiscales

En la misma rueda de prensa, el obispo secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Sánchez, reclamó del Gobierno «desgravaciones fiscales para las familias que tienen gastos derivados de la atención a los enfermos, ancianos o inválidos. No brilla España -añadió- en este momento por una política familiar ejemplar. Otros países europeos tienen ya estas ayudas y aquí se está muy retrasado. Hay muchas situaciones en las que las familias necesitan un tratamiento especial en la legislación y en la fiscalidad».

En cuanto al documento, empieza por constatar la existencia de una «campaña relanzada por el reconocimiento social y legal de la eutanasia». «Entre nosotros -añade el texto-, el caso de un tetrapléjico recientemente fallecido había venido siendo utilizado desde hacía años para esa lucha. Fue presentado con insistencia a la opinión pública como alguien a quien se le estaba negando un derecho fundamental: dejar voluntariamente de vivir una vida de sufrimiento que ya no era considerada por él como digna de ser vivida. En cambio, quienes se oponen al reconocimiento de ese supuesto derecho son acusados de represores de la libertad y de insensibles al sufrimiento personal y al sentir cada vez más común de la sociedad».

Los obispos consideran el caso de Sampedro como «un caso raro». «Los tetrapléjicos -afirman- no están deseando morirse ni, mucho menos, pidiendo que los eliminen. La imagen que se ha dado de estas personas con el caso mencionado no corresponde a la realidad. Ellos ni son ni se condieran a sí mismos seres indignos de vivir. Pero una de las argucias de la lucha por el reconocimiento social y legal de la eutanasia es precisamente esa: hacer pasar por normal y común lo que es extremo y raro. Porque para lo extremo y raro no haría falta legislar».

Tras constatar que la aprobación de la eutanasia no representaría ninguna novedad, sino una regresión a un pasado en el que fue legal, como sucedió en Grecia y Roma, insisten en que «la eutanasia es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro, ya mediante un acto positivo, ya mediante la omisión de la atención y cuidados debidos».

Calmantes y terapias

No hay que confundir esto con algo que la Iglesia sí admite: «la administración adecuada de calmantes, aunque ello tenga como consecuencia el acortamiento de la vida, o la renuncia a terapias desproporcionadas, que retrasan forzadamente la muerte a costa del sufrimiento del moribundo y sus familiares. La muerte no ha de ser causada -afirman los obispos-, pero tampoco absurdamente retrasada».

El documento culpa después al individualismo ateo y hedonista del regreso de la eutanasia y recuerda que la vida es un don de Dios y que «no está a nuestra disposición como si fuera una finca o una cuenta bancaria. Concebir la vida como un objeto de uso y abuso por parte del propietario es llevar a un extremo casi ridículo el mezquino sentido burgués de la propiedad privada».

El documento de los obispos se extiende después señalando las consecuencias que tendría la legalización de la eutanasia. En primer lugar considera que se ejercería una presión moral sobre los ancianos y los enfermos.

«La aceptación social y legal de la eutanasia generaría, de hecho, una situación intolerable de presión moral institucionalizada sobre los ancianos, los discapacitados o incapacitados y sobre todos aquellos que, por un motivo u otro, pudieran sentirse como una carga para sus familiares o para la sociedad. Ante el ejemplo de otros a quienes se les hubiera aplicado la eutanasia de modo voluntario y reconocido, ¿cómo no iban a pensar estas personas si no tendrían también ellas la obligación moral de pedir ser eliminadas para dejar de ser gravosas?». Otra consecuencia sería que los enfermos e inválidos se sentirían «menos dignos y valiosos que los demás».

«Se dice y subraya -añade el documento- que la eutanasia que se pide es la voluntaria. Por lo que acabamos de decir, la eutanasia solicitada lleva consigo la malicia del suicidio y de la cooperación con el suicidio. Pero además, los hechos demuestran que la aceptación social y legal de la eutanasia voluntaria arrastra consigo la eutanasia no voluntaria e incluso impuesta, es decir, el homicidio».

El ejemplo de Holanda

 

A este respecto, los obispos ofrecieron los datos de lo que está sucediendo en Holanda, donde en 1995 murieron 19.600 personas mediante eutanasia, de las cuales sólo 5.700 sabían lo que estaba sucediendo.

Entre las consecuencias que acaerraría la legalización de esta práctica, el Episcopado incluye la desconfianza por parte de los enfermos hacia sus propias familias y hacia sus médicos. «Sufrirían especialmente las relaciones entre los mayores y los más jóvenes, en el seno de las familias, y entre los pacientes y los facultativos, en las instituciones sanitarias».

El documento termina con una exhortación a procurar al enfermo una muerte buena y digna, así como con una invocación a las autoridades para que ayuden a las familias afectadas. «Dado que los avances de la medicina y de la higiene permiten hoy que las personas vivan con cierta frecuencia hasta edades avanzadas, no son pocos los casos en los que las familias cuentan con ancianos a los que atender, a veces en situaciones delicadas. Hay que ayudar a las familias a cuidar bien a sus mayores, las cuales a veces se sienten impotentes para afrontar solas determinadas situaciones», afirma el Episcopado.